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Semana 50 – Verdad y Justicia

german gegenschatz

 

“Creo que si no hay nada que esconder no hay nada que temer, y que quienes frenen el acceso a la verdad o interfieran con la justicia, tarde o temprano, recibirán una amplia condena social.”

 

 

La política de estado de revisar, bajo la luz de los Derechos Humanos, la lucha armada interior desarrollada en Argentina desde 1955 comenzó en 1983, cuando Alfonsín derogó la ley del Proceso de Reorganización Nacional N° 22.924, llamada ley de Auto-amnistía.

Esta política de estado se viene llevando adelante y se van cumpliendo ya tres etapas.

La primera etapa fue la de Raúl Alfonsín, de juicio y castigo. Consistió en la labor de la CONADEP con el Informe Nunca Más, el juicio y condena de las Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional y de las cúpulas de la guerrilla, más la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que venían limitar el accionar de la justicia a los responsables de impartir las órdenes.

La segunda etapa se cumplió durante la presidencia de Carlos Menem, de reconciliación nacional. En octubre de 1989 y en diciembre de 1990 dictó los indultos a militares y a guerrilleros condenados a esa fecha, junto a otros procesados no alcanzados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La tercer etapa se inició en agosto de 2003. Néstor Kirchner derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, e inmediatamente se reabrieron y activaron fundamentalmente una parte de las causas judiciales, las que comprometían a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, a excepción de la causa abierta a Milani.

Las tres etapas fueron acompañadas por los movimientos políticos, las interpretaciones históricas y las acciones legislativas y judiciales acordes con el espíritu que las animó. Todas las etapas tuvieron sus fortalezas significativas y también falencias, es así que ninguna logró satisfacer a la sociedad en su conjunto.

La primer etapa, liderada políticamente por el radicalismo, tuvo amplitud histórica y de actores, abarcó los crímenes de la Triple A y se condenó a las cúpulas de los militares y de los guerrilleros. Pero todo esto sucedió mientras muchos de los que estaban en el banquillo de los acusados conservaban no poco poder de acción y lo usaron, e influyeron decisivamente en la sanción de las leyes de Obediencia Debida y de Punto final. En definitiva, las condenas tuvieron sabor a poco para muchos que, además, entendieron que el proceso de juzgamiento fue interrumpido por los propios acusados.

La segunda y la tercera etapa, ambas lideradas por el Peronismo, estuvieron influidas más que por las limitaciones del presente que les tocó, por las parcialidades y los protagonismos de cada sector en el pasado.

La etapa de los 90 de alguna forma reeditó la amnistía derogada en 1983 bajo la forma de indultos, todo en nombre de la necesaria pacificación nacional, apoyándose en la demanda de paz existente en el contexto económico convulsionado de entonces y sacrificando otra demanda, la que esperaba justicia.

La etapa iniciada en 2003 derogó indultos buscando satisfacer la demanda de justicia y castigo vacante, pero solo respecto de los militares. Para ello fue necesario y se comenzó a instalar la reconstrucción histórica de la lucha armada omitiéndose, entre otras cosas, el accionar de la guerrilla y del estado desarrolladas durante la democracia, es decir, desde el regreso de Perón hasta el golpe de 1976. Esta parcialidad deliberada sacrificó parte de la verdad y de la justicia esperada.

Podemos ver que esta política de estado de revisión del pasado se va dando un poco a los tumbos, con las limitaciones de los tiempos, de las necesidades políticas de cada momento, y de los protagonismos del pasado de los propios actores que ejecutaron, y ejecutan hoy, estas políticas.

Mas allá de todo, la demanda de verdad y justicia permanece. Quizás esto sea así por la insatisfacción que quedó tras cada etapa, o porque no todos fueron juzgados, o condenados o cumplieron las condenas; o porque no todas las víctimas fueron indemnizadas; o porque no todos los protagonistas pidieron disculpas a la sociedad; o porque no pasó el tiempo suficiente o por todo al mismo tiempo. El punto es que nuestro día a día se desliza sobre una historia que no encuentra la paz.

Muchos juicios están abiertos o por iniciarse, cada avance judicial sobre lo ocurrido antes de 1976, sea una confesión como la reciente de Barreiro o algún avance contra los asesinos de Rucci, sensibiliza a algún sector importante de la sociedad o del poder. Lo mismo sucede cuando la investigación judicial alcanza a las propias organizaciones de DDHH.

Sabiendo que es imposible conformar a todos, me inclino por el hacer realidad lo que la sociedad pide. Los hechos parecen mostrar que el deseo dominante y persistente en el tiempo es ir por la verdad y la justicia, sin privilegios para nadie y lo antes posible.

Creo que si no hay nada que esconder no hay nada que temer, y que quienes frenen el acceso a la verdad o interfieran con la justicia, tarde o temprano, recibirán una amplia condena social.

Estoy convencido que la verdad y la justicia son las herramientas más eficientes para lograr la pacificación de la historia y también, para construir un futuro de paz.

Por Germán Gegenschatz

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2014.

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Germán Gegenschatz

Abogado - Diplomado en Historia Política Argentina

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