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Estupefacientes y Psicotrópicos en Argentina Avances y Retrocesos

foto personal mariano donzelli

 

Por Mariano Leandro Donzelli
Abogado

Lamentablemente no podemos decir, en cuanto al problema del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, nos encontremos mejor que hace veinte años.

El resultado de las políticas aplicadas a nivel mundial ha fracasado sin mostrar significativos avances en ninguna de las aristas del fenómeno que se pretendía atacar.

Se impone en discutir en Argentina una modificación a la ley de estupefacientes que tiene más de veintidós años y que sin dudas debe cambiar porque nada en el mundo de hoy está igual que hace veintidós años.

Afortunadamente la Corte Suprema de Justicia dictó al fallo “Arriola, Sebastián”, el 25 de agosto de 2009,marcando el camino por el que debería transitar una eventual reforma.

En la citada sentencia la Corte afirmó entre otras cosas que:

1)    No corresponde ejercer el poder punitivo del Estado en base a la mera peligrosidad de las personas, rechazando su aplicación por la mera posibilidad de que estos se transformen en autores o partícipes de una gama innominada de delitos.

2)    Ninguna de las Convenciones de Naciones Unidas sobre lucha contra el narcotráfico compromete a los Estados a criminalizar la tenencia  para consumo personal (de los votos de los ministros Elena I. Highton  de Nolasco y Juan Carlos Maqueda).

3)    …Debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto

4)    …La grosera incongruencia que importa perseguir penalmente al consumidor  de estupefacientes, no implica en modo alguno que el Estado deba autoexcluirse  del tratamiento de la problemática.

5)    En ese cometido, no debe soslayarse que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída, es que la doctrina establecida en los precedentes mencionados se ha elaborado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. Que la reforma mencionada –junto con nuevas concepciones a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud- condujeron a un desarrollo en el concepto del derecho a la salud en un grado tal que permiten observar que de haber contado con ese instrumento, bien pudo ser distinta la respuesta en los precedentes que hoy se revisan. En efecto, el derecho a la salud se encuentra reconocido con jerarquía constitucional merced a los tratados incorporados por el artículo 75, inciso 22 y el Estado argentino ha asumido el compromiso internacional de lograr progresivamente su plena efectividad obligándose “hasta el máximo de los recursos”.

6)    Desde esta perspectiva se asume claramente que la adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados”

7)    …En lo que respecta a la problemática específica de la adicción deben establecerse programas nacionales de salud asistenciales, que encuentren en el ámbito civil y administrativo el debido respaldo a la consecución  de los fines que allí se perfilen. (Del voto del Ministro Dr. Carlos S. Fayt).

8)    …Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin  de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. (Del voto del Ministro Dr. Enrique Santiago  Petracchi).

9)    Cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como los mencionados, que restringen el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza, entonces la punición de dicha conducta sólo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia elección de su plan de vida que se reputa indeseable. Es precisamente este tipo de justificaciones paternalistas o perfeccionistas, de la interferencia gubernamental la que es repelida por el principio sentado en el artículo 19 de la Constitución Nacional (Carlos Nino, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, Astrea, página 304 y siguientes. Del voto de la Ministra Dra. Carmen M. Argibay).

Luego de tanta claridad, poco puede agregarse sin caer en el ridículo, sólo queafirmar que la nueva ley de estupefacientes no puede ni debe agotarse en el problema de la tenencia de estupefacientes para propio consumo. No debemos repetir antiguos errores.

Es necesario incluir dentro del debate, el abordaje de las grandes organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, precursores químicos y demás delitos conexos, en otras palabras el crimen organizado.

A este respecto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) definecomo “grupo delictivo organizado” a un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en dicha Convención, con miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

A continuación define “delito grave”, como aquellos delitos reprimidos con penas privativas de la libertad de al menos cuatro años o con penas más graves y “grupo estructurado”,como un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se hubieran asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni hubiese continuidad en la condición de miembro o existiese una estructura desarrollada.

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional pone especial énfasis en la penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, de la corrupción, de la obstrucción a la justicia,del blanqueo del producto del delito, de la trata de personas (especialmente mujeres y niños) y del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, en estos dos últimos casos mediante sus protocolos complementarios.

Con lo dicho hasta aquí no puede soslayarse que los delitos complejos se encuentran íntimamente relacionados con la criminalidad organizada y con los enormes réditos dinerarios(beneficios económicos u otros beneficios de orden material según la letra de la Convención)que obtienen las organizaciones criminales por llevarlos a cabo.

Como hemos visto, la Convención refiere específicamentea algunas de las formas queasume la criminalidad compleja como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la corrupción y el lavado de activos. Sin embargo, no hace referencia directa a los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a los que engloba dentro de los delitos graves.

No puede soslayarse que los delitos de tráfico ilícito de drogas forman parte de este tipo de criminalidad y más aun, en muchos casos constituyen el común denominador entre las organizaciones que se dedican en particular a cometer algunos de los delitos primigeniamente nombrados.

De este modo resulta frecuente que algunas formas de criminalidad compleja “aprovechen” la estructura y la logística del grupo criminal organizado para combinar el tráfico de migrantes con el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas con eltráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas y alguna de las nombradas o todas ellas con el lavado de activos producto de la comisión de los ilícitos precedentemente citados.

No obstante ello, quiero destacar que el abordaje de los delitos relacionados al narcotráfico que generalmente se realiza desde los medios televisivos, radiales y gráficos y que suele concluir que la República Argentina es “un país narco” o un país “productor de drogas” en el que proliferan grandes laboratorios de producción ilícita de estupefacientes, encuentra escasos argumentos científicos cuando es estudiado de forma rigurosa.

Siempre los titulares altisonantes y las frases escandalosas vendieron más ejemplares que los argumentos técnicos, menos rimbombantes pero más certeros.

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico elaboró en 2011 el estudio denominado “Centros de Procesamiento Ilícito de Estupefacientes en Argentina” que se nutrió de información obtenida de causas penales en las que se investigaban laboratorios de fabricación ilícita de estupefacientes desbaratados en todo el país.

Los resultados obtenidos,basados en evidencia empírica y método científico, arrojaron que contrariamente a lo que sostenían los medios de comunicación, la mayoría de los centros de procesamiento descubiertos (68%) sólo se trataban de centros de adulteración y fraccionamiento que se dedicaban a “estirar” los estupefacientes que ingresaban al país ya terminados. Sólo en  el restante 32 % de los casos, se podía hablar de centros de fabricación de estupefacientes, pero aquellos se caracterizaban por su precariedad y baja potencialidad de producción.

Ahora bien, con estos datos no pretendo minimizar la problemática del tráfico ilícito de estupefacientes en Argentina, la que merece un estricto, persistente y serio tratamiento, sino por el contrario, ponerla en  el centro de la escena yproponer tratarla con las políticas más eficaces.

Si basáramos las políticas nacionales en la información periodística y consideráramos a nuestro país (como no lo es), un país productor de estupefacientes,  los esfuerzos nacionales deberían dirigirse por ejemplo, a la erradicación de cultivos ilícitos, cuando las áreas cultivadas con estupefacientes en nuestro país son insignificantes.

En otras palabras, dineros públicos invertidos en políticas erradas que no producirán resultados eficientes.

Por el contrario, considerando la evidencia científica, deben centrarse las políticas de control de la oferta de estupefacientes en la estricta fiscalización de los precursores químicos en las cantidades y calidades utilizadas en los centros de procesamiento de estupefacientes que se encuentran en el país.

Quizás el único caso que rompió el paradigma descripto fue el descubrimiento llevado a cabo el 17 de julio de 2008 por el Juzgado Federal de Campana, de un laboratorio regenteado por una banda de origen mexicano liderada por el empresario Juan Jesús Martínez Espinoza, dedicada a la producción de metanfetamina, en la localidad de Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, en el que se incautaron numerosos precursores químicos, entre ellos, efedrina adquirida en el mercado local.

A pocos días del desbaratamiento del primer laboratorio de drogas de síntesis en nuestro país, la SEDRONAR denunció los descubrimientos arrojados por tal investigación y efectuó las denuncias pertinentes ante el Juzgado Federal de Campana. Específicamente denunció que los cuñetes de efedrina de la pesquisa recorrieron los depósitos de una sociedad anónima y una firma unipersonal en primer término, para terminar en manos de una farmacia y una distribuidora, cuyosresponsables eran Guillermo Alberto Salomón  y Héctor Daniel Salomón (Farmacia San José de los Corrales S.C.S.)y Mario Raúl Ribet(Distribuidora del Sol).

El 8 de octubre de 2010, el Tribunal Oral Federal No. 2 de San Martín condenó a los dos primeros a 4 años de prisión y al último a 4 años y 6 meses de prisión, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de comercialización con destino ilegítimo de materia prima para la producción de estupefacientes, previsto en el artículo 5° inciso c) de la Ley 23.737 y al artículo 4° de la Ley 26.045.

Asimismo el Poder Ejecutivo Nacional mediante una Resolución Conjunta dictada por el Ministerio de Salud, la SEDRONAR y el Ministerio  de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, adoptó rápidas medidas dirigidas a fortalecer los controles que se venían aplicando a los precursores químicos necesarios para obtener estimulantes de tipo anfetamínico.

La historia concluye el 10 de agosto de 2012 cuando se dio a conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 4 de San Martín que dictó la sentencia que corona la respuesta estatal frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Mario Roberto Segovia, comerciante rosarino, nacido en 1974, conocido como el “Rey de la Efedrina”, quien había efectuado operaciones con precursores químicos usurpando el nombre de una persona que se hallaba privada de la libertad en aquél momento, de apellido Benítez,fue condenado a la pena de 14 años de prisión como coautor del delito de contrabando agravado por la participación de tres o más personas y tratarse de sustancias que pudieren afectar la salud pública, en concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.

La misma pena se aplicó a Juan Jesús Martínez Espinoza quien como responsable del laboratorio de fabricación ilícita de metanfetaminas desbaratado en Ingeniero Maschwitz fue condenado como autor del delito  de producción de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en concurso real con contrabando agravado por la participación de tres o mas personas y tratarse de sustancias que pudieron afectar la salud pública.

El dictado de la normativa restrictiva de importación de efedrina pocos días después del desbaratamiento del laboratorio clandestino, el trabajo conjunto de las distintas reparticiones del Estado y las duras condenas aplicadas a los responsables, aparecen como respuestas claras y efectivas del Estado Nacional ante el crimen organizado, en tanto no se han detectado a la fecha otros casos de organizaciones de similar estructura.

 

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Mariano Donzelli

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